Las empresas que quieran financiar proyectos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ligado a los fondos Next Generation EU pueden requerir validar que que dichos proyectos cumplen el principio DNSH a través de una entidad acreditada por ENAC.
DNSH son las siglas del inglés do not significant harm, que podría traducirse como “no causar un perjuicio significativo” al medioambiente y que da nombre a un principio que, si el convocante de las ayudas lo requiere, deben cumplir los proyectos que aspiren a financiarse con los fondos europeos destinados a la recuperación tras la COVID-19.
El principio DNSH obliga a las empresas a realizar una autoevaluación que asegure que los proyectos presentados no afectan negativamente a ninguno de los 6 objetivos medioambientales definidos en el Reglamento 852/2020:
A la hora de solicitar ayudas que requieran validación de la autoevaluación del cumplimiento del principio DNSH, las empresas deberán preparar para cada proyecto:
En ocasiones, las administraciones públicas podrán exigir que dicha autoevaluación realizada por la empresa venga acompañada de un informe de validación de la misma realizado por una tercera parte, que soporte las conclusiones de la autoevaluación y garantice que estas tienen una base técnica sólida y son razonables.
En Applus+ Certification estamos acreditados por ENAC para llevar a cabo la validación de la autoevaluación DNSH de las actividades de cualquier proyecto, ayudando a las empresas a lograr financiación pública.
La validación de la autoevaluación del principio DNSH puede ser un requisito a la hora de aspirar a ayudas articulada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que es la estrategia española para canalizar los fondos Next Generation EU destinados por Europa a reparar los daños provocados por la COVID-19.
También puede ser necesaria para otras líneas de ayuda a las empresas en las que la administración, agencia estatal u organismo gestor de ayudas exija a los solicitantes que demuestren que sus proyectos no causarán un perjuicio significativo al medioambiente:
España recibirá un total aproximado de 140.000 millones de euros hasta 2026, de los que 60.000 millones corresponderán a transferencias no reembolsables y 80.000 millones a préstamos.
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