Si observamos las etiquetas de lo que comemos, y nos fijamos en el origen, podemos sorprendernos: comemos productos procedentes de todo el mundo. Sin embargo, surge la duda sobre cómo se garantiza que se cumple con la seguridad de los alimentos, sin importar su procedencia. La globalización ha llegado también a la industria agroalimentaria, y para hacerla posible, nacen los esquemas de certificación.
Ya en la Edad Media, se registraron los primeros debates sobre las problemáticas de vender alimentos frescos. Pero no es hasta el año 2000 que se crea la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria (siglas en inglés GFSI), dirigida a los consumidores de todo el mundo. Los directores ejecutivos que formaban parte del Consumer Goods Forum (CGF) acordaron llevar a cabo acciones colaborativas para responder tanto a la creciente crisis de inocuidad como a la fatiga de los proveedores por duplicidad de auditorías.
Actualmente, la GFSI recoge distintos esquemas aceptados por las más de 400 empresas que forman parte del CGF: Tesco, Carrefour, Mc Donalds, Uniler, son algunas de ellas. Así pues, certificarse en alguno de estos esquemas, les permite a nuestros clientes expandirse a nivel global y colocar sus productos en las grandes empresas.
En primer lugar, tenemos la certificación IFS (International Food Standards). Se trata protocolos privados de calidad y seguridad alimentaria elaborados por las cadenas de gran distribución alemanas (HDE), francesas (FCD) e italianas. Conforman un estándar de evaluación uniforme, garantizando la comparabilidad y transparencia en toda la cadena de suministro. Permite reducir plazos y costes para proveedores y detallistas.
Respecto a la certificación BRCGS, la conforman protocolos de calidad y seguridad alimentaria elaborados por las cadenas de gran distribución británicas. Es un requisito ampliamente demandado por las marcas de gran distribución (Tesco, Asda, Sainsbury's y Walmart entre otros) hacia todos sus proveedores, principalmente en el Reino Unido, pero también en Europa y Norteamérica. En el último año, en colaboración con LANDALUZ, hemos impartido formación oficial para las empresas interesadas en ampliar su conocimiento y actualizar sus procedimientos acordes a la nueva versión 9.
También existe el sistema de certificación independiente GlobalG.A.P. para las buenas prácticas agrícolas (BPA). Actualmente existen varios módulos voluntarios que acompañan a este esquema como por ejemplo Nurture, SPRING, GRASP o Cadena de Custodia, entre otros. Este sistema comenzó como una iniciativa del sector minorista para dar a conocer las inquietudes crecientes. A día de hoy, son protocolos referentes que cubren todas las actividades de la producción en una finca, hasta que el producto es comercializado o vendido. La certificación, según dichos esquemas, aporta al productor un control exhaustivo de su producto, mejora los procesos productivos y la calidad del producto y es demandado por las cadenas de distribución.
Los requisitos de exportación en los países de la Unión Europea están unificados bajo una misma normativa. No pasa lo mismo cuando queremos exportar a otros países. El Sistema auditado de Autocontroles Específicos (SAE) nace con la publicación y entrada en vigor del Real Decreto 993/2014, de 28 de noviembre. En este, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación obliga a las empresas a implementar un sistema de autocontrol para la exportación de alimentos de origen animal a terceros países que exijan requisitos distintos a los de la normativa de la Unión Europea. Además, este sistema deberá estar certificado por un Organismo Independiente de Control acreditado, como Applus+ Certification.
Los clientes que se certifican bajo los esquemas mencionados buscan aumentar el reconocimiento internacional e incrementar oportunidades de negocio, con mayor competitividad. Gracias a estos esquemas, existe un sistema uniforme para asegurar la calidad de los alimentos, lo que permite reducir el número de autorías a las que debe someterse el distribuidor y optimizar así los procesos. Además, certificarse mejora la reputación ante el consumidor final.
La elección del esquema a certificar dependerá siempre del mercado al que quiera dirigirse nuestro cliente y del tipo de producto que se quiera comercializar.
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