La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, establece la responsabilidad de los administradores de las empresas sobre los delitos producidos en las mismas, ya sea por sus representantes legales o por los empleados, si no se ha ejercido el debido control sobre los mismos.
En la misma ley se introduce la figura de la exención si el órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión del cumplimiento legal. Estos sistemas de gestión deben incluir medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Para demostrar esta diligencia, las empresas pueden implantar sistemas de gestión de cumplimiento (compliance management) auditados y certificados por una tercera parte independiente.
Certificación Applus+ en Gestión de Prevención de Delitos (Compliance Management)
Basándonos en los requisitos y sistemáticas de las normas y guías internacionales con mayor alcance y reconocimiento (ISO 19600, etc.), Applus+ ha desarrollado su esquema de certificación de Sistemas de Gestión de Prevención de Delitos, proporcionando un servicio de auditoría externa por tercera parte, imparcial e independiente.
Nuestro objetivo es proporcionar evidencias que faciliten al órgano judicial un elemento adicional a la hora de evaluar la adecuación del modelo de prevención a las exigencias legales (artículo 31 Bis. 5. 6º, según lo indicado en la Circular 1/2016 sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015).
Beneficios de la Certificación de la Compliance
- Evidenciar ante proveedores y clientes el compromiso de la organización con la cultura del cumplimento.
- Identificación de riesgos en cumplimento legal y establecimiento de medidas para prevenirlos.
- Proporcionar las mejores herramientas de control e información a los órganos de dirección de las empresas sobre el grado de cumplimento de sus organizaciones.
- Aumentar el grado de implicación de todos los estamentos de una empresa ante la cultura del cumplimiento legal.